La emancipación, el acceso a la autonomía, la autosuficiencia es una gran preocupación para la persona con discapacidad y su entorno familiar. La falta de acceso al mercado laboral o la pérdida de beneficios adquiridos, como pensiones u obra social, en caso de acceder a un puesto de trabajo, es una causa.
Dos de cada tres personas con discapacidad no consiguen trabajo y si lo hacen, el traslado es una barrera de accesibilidad, sumada a las barreras físicas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 80% de este grupo poblacional está desempleado a nivel mundial.
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La mayor barrera es el desconocimiento. Una persona puede tener una característica distinta y puede ser idónea para determinadas tareas. No solo para insertarse en el mercado laboral sino también para hacer una carrera laboral y profesional.
El cupo laboral para personas con discapacidad no se cumple, los gremios no participan en la lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores.
No existen programas de formación para los trabajadores con discapacidad en las empresas que tienen espacios de capacitación. El modo de transporte para acceder al lugar de trabajo es otro grave obstáculo que además limita la actividad social, deportiva y recreativa de la persona. Debe ser público, gratuito e inclusivo.
También debe estar homologado y adaptado a las necesidades físicas o psíquicas de los viajeros en cantidad y disponibilidad suficiente. No sirven los vehículos homologados con adaptaciones mecánicas obsoletas y choferes mal predispuestos a ayudar a las personas. Deben ser suficientes en cantidad y horarios.
Los servicios de transporte privado no llevan a personas con capacidades diferentes sin acompañante. La norma dice que las personas con desempeño moderadamente afectado por limitaciones en la movilidad, comprensión, conductas que dificulten el ascenso/descenso y permanencia en el transporte público de pasajeros, deben ser acompañados.
“Si una persona con discapacidad, independiente, necesita de un tercero que lo acompañe, lo transformamos en dependiente”.
Una persona en silla de ruedas, con compresión y conducta adecuada, no debe recibir el mismo trato que una persona con alteración cognitiva o motora que requiere acompañante. Son dos personas diferentes, con iguales derechos y distintos potenciales.
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“Si estigmatizamos su potencial, no lo incluimos”.
Todas las personas con discapacidad, tienen el derecho de acceder al mercado laboral competitivo, pero no todas están aptas.
“Si para llegar al puesto de trabajo, debe esperar, sin certeza, el trasporte que permita viajar, lo aislamos”.
Una persona independiente, autónoma, sin asistencia de terceros, que se desplaza en silla de rueda, no puede tomar un remis y depende de los pocos colectivos que tengan sus respectivas adaptaciones en condiciones
“Si le asignamos un puesto de trabajo público, sin tarea asignada, lo frustramos”.
Desarrollar puestos de trabajo para una determinada población, con carga horaria y exigencia adecuada, en talleres de cercanía o actividad laboral rentada, en el domicilio, puede ser una alternativa a la falta de cupos.
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Como sociedad debemos ser críticos y exigir políticas de planificación inclusiva evitando la demagógica utilización de la discapacidad para intereses políticos o particulares.
Para hablar de inclusión laboral en personas con discapacidad debemos relevar quién está en condiciones de asistir regularmente al puesto de trabajo con la debida independencia con criterios de adaptación acorde para la tarea asignada.
Lic. Gustavo Gheller Fisioterapeuta, Lic. en Kinesiología y Fisiatría, especialista en Kinefisiatría Crítica, diplomado en Kinesiología del Trabajo, Ocupacional y Laboral g.gheller@hotmail.com
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