La justicia tiene la potestad de decidir entre dos bienes –jurídicamente tutelables que entren en disputa- cuál es el bien mayor, es decir, aquel que el Estado debe proteger antes que nada.
El caso de Lucio nos hizo notar –de la peor y más aberrante forma- que antes que priorizar “el interés superior del niño” (Ley 21.061) hubo un magistrado que decidió privilegiar el interés superior de una mujer –de usar a su hijo como botín de guerra.
Cuando esa jueza falló arrancando al niño del hogar en el que lo criaban, lo cuidaban y lo amaban para dárselo a una mujer –que no sólo ya lo había abandonado– sino que además, manifestaba abiertamente que no quería ni podía cuidar de él, obró en contrario a derecho.
Un año y medio después de ese desatino, la muerte del niño hizo estallar el reclamo de justicia de todo un pueblo. Lucio había sido maltratado, abusado y muerto de la manera más bestial.
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Tras otro año de lucha, la familia paterna del niño, esperaba que esta vez, la justicia, en otro fuero, tuviera la sabiduría de condenar los delitos aberrantes cometidos contra Lucio. Pero una vez más la balanza se inclinó hacia otro lado…
Las mujeres que avanzaron sobre el cuerpo de un indefenso y vulnerable niño de cinco años –entre quienes estaba su genitora- fueron condenadas por el delito de homicidio. Sin embargo, por el delito de abuso sexual –con los agravantes del caso- fue condenada solamente la pareja materna. La justicia decidió absolver a la genitora otorgándole el beneficio de la duda.
El reclamo de las voces más notorias no tardó en hacerse oír. ¿Acaso alguien podía creer que si ese día el niño había sido abusado –tal como lo manifestara la propia agresora a los testigos que socorrieron al niño en sus últimos momentos- ese día, su madre que había sido situada en la escena del crimen, podía no haber participado del mismo o siquiera haberlo visto u oído?
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Pero la justicia, debe velar por las garantías del reo, antes que por el interés superior del niño y el hecho de que se haga justicia en su nombre. Una vez más, los magistrados decidieron cuál era el bien qué preferían proteger en nombre de las encumbradas garantías jurídicas.
Hoy sabemos que para cuidar a nuestros niños ya no podemos contar con el Estado. Hace falta que como comunidad estemos atentos y vigilemos.
¡Que la ley Lucio sea un hecho!
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Verónica Llull Casado es Dra. en Psicología, especialista en Psicología Forense. Docente e investigadora universitaria.
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