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Manifestación en Avellaneda, Santa Fé, en apoyo a Vicentín.
El lunes a la tarde, el presidente, Alberto Fernández, anunció en conferencia de prensa, la intervención de la empresa Vicentín por 60 días. El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) publicado para oficilializarlo establece el envío de un Proyecto de Ley para su expropiación, y la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, para su control.
¿Qué es Vicentin?
Es una empresa familiar, argentina, que comenzó en el año 1929 en Avellaneda, Santa Fe, con un comercio de ramos generales y acopio de cereales.
Hoy tiene casi 6 mil empleados, y en el 2019 tuvo una facturación de más de US$ 4 mil millones.
“Es una de las principales empresas agroindustriales del país, la más importante de capitales nacionales” según detalla el DNU publicado en el Boletín Oficial “se encuentra en el puesto número 6 en toneladas de productos embarcados” Granos, legumbres, harinas y aceites vegetales.
Concentra el 9% de total de ventas al exterior del sector. Los productos más relevantes en cantidad de ingresos de divisas extranjeras a la Argentina.
También participa en la industria del algodón, biocombustibles, carne vacuna, industria vitivinícola, puertos, logística. Presente en Paraguay, Brasil, Uruguay y Europa.
Es la mayor productora de biocombustibles del país, y tiene dos terminales portuarias.
La empresa se presentó en concurso preventivo en febrero de este año. Tiene una deuda de 1.350 millones de dólares, de los cuales, 1.000 millones, están contraídos con bancos, y otros 350 millones con empresas del sector agrícola. Con 2.000 acreedores denunciados.
La empresa y funcionarios del anterior gobierno, tienen una denuncia penal, por los créditos otorgados por el Banco Nación durante el gobierno de Macri. De hecho, el 20% de su deuda es con el Banco Nación. También están siendo cuestionados los aportes de la empresa a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio.
¿Los argumentos para la intervención estatal?
“Asegurar la continuidad de la empresa, conservar los puestos de trabajo y preservar sus activos y patrimonio” establece el decreto.
Uno de los puntos más polémicos y cuestionados para justificar la expropiación, figura en el DNU, y fue destacado por la senadora Fernández Sagasti en la conferencia de prensa presidencial: la alusión a una “Soberanía Alimentaria”.
«Una empresa testigo en el mercado de granos, y nos va a dar el sendero a la soberanía alimentaria» – sic Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina, del Frente de Todos, impulsora del proyecto.
Ayer, vecinos de las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista, salieron masivamente a las calles a manifestarse en contra la decisión del Gobierno Nacional de expropiación de la empresa Vicentin, con la consigna “cuidemos lo nuestro” y con banderas argentinas. Incluso el propio intendente.
También marcharon al hotel en donde se alojaban los interventores, y los obligaron a abandonar el lugar, bajo custodia policial. Tampoco les permitieron ingresar a la empresa.
Organizaciones y entidades vinculadas al agro de todo el país manifiestan su repudio a estas medidas.
El Comunicado de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa:
Desde la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa rechazamos la intención del Presidente de la República Argentina de intervenir a Grupo Vicentin mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, así como también su posterior expropiación por ley a través de un proyecto que será remitido a la brevedad al Congreso de La Nación Argentina.
Consideramos que se afecta seriamente el derecho a la propiedad garantizado en nuestra Constitución Nacional. Grupo Vicentin se encuentra en un proceso judicial de concurso preventivo. Este proceso es un mecanismo legal que procura mantenerla en marcha y preservar las fuentes de trabajo. Las decisión de intervenir la empresa avasalla los principios de nuestra República.
A lo largo de la historia, pudimos ver que las intervenciones y expropiaciones de empresas privadas que realizó el Estado nacional han fallado. La actitud de intervenir ilegalmente y luego expropiar empresas privadas resulta desprolija, ya que deja el camino libre para que los accionistas litiguen contra el Estado argentino, dejándolo expuesto a que se deba abonar cuantiosas sumas de dinero con el esfuerzo de todos los contribuyentes.
En el mundo complejo en el que vivimos, se debe actuar con seriedad y responsabilidad para generar la confianza necesaria para que los argentinos y extranjeros inviertan en nuestro país y así salir de la profunda crisis en la que estamos inmersos desde hace muchos años.
Este tipo de medidas produce un estado de incertidumbre que ahuyenta toda inversión productiva a largo plazo. Y sin inversión productiva, que sólo es posible con seguridad jurídica, estaremos cada vez más lejos de volver a ser un país normal.
