La Pampa 2024
Desde el miércoles 1 de diciembre los 42 ginecólogos nucleados en la Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa (AGOLP), cortarán la atención con obras sociales por falta de un acuerdo con el Colegio Médico en la provincia.
En tiempos de reivindicación de los derechos de las mujeres, una situación insólita deja en estado de desprotección a las mujeres gestantes, bajo tratamientos médicos, o preventivos, la salud sexual y reproductiva. En fin, la salud integral de la mujer.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales y gremiales locales pidieron «la intervención del Estado Provincial para garantizar el derecho a la Salud integral de la mitad de la población de La Pampa”.
Eugenia (40) está embarazada de mellizos «Mi situación es inquietante. Pago todos los meses mi obra social, para encontrarme en medio de este conflicto donde soy protagonista, pero no parte que toma las decisiones, y menos puede destrabar semejante enjambre del que se sale sólo sentándose a conversar, mediar y acercar posiciones. Mi parto cuesta el doble, las consultas al ginecólogo son 2 o 3 veces al mes. Desde mañana tengo que pagar la consulta particular en cada control, y financiar a la obra social, porque en principio me haría el reintegro con una demora de 3 meses.»
Eugenia se enteró de la noticia por su obra social «ellos me preguntaron a mí: ¿qué vas a hacer después del 30 de noviembre?, mi respuesta inmediata y viciada por mi profesión -abogada- fue: ¡hacer un amparo! ¿La solución que me ofrecieron? Transcribir todos los estudios y las recetas indicadas por mi ginecólogo con un médico amigo. Además, del raid que representa tal evento, la obra social termina pagando y gastando el doble».
Desde diciembre, cada obra social realizará acuerdos particulares con cada ginecólogo «La transición, seguramente llevará unos meses, pero somos optimistas en que la misma será lo más breve posible y, a medida que se concreten la firma de los nuevos convenios , iremos informando de esta situación» informó la Asociación de Ginecólogos. Y agregan «continuaremos atendiendo a todas y todos, sólo que a partir del 1 de diciembre y hasta tanto se suscriban los nuevos convenios, deberemos atender sus consultas , estudios e intervenciones, en forma particular«.
La situación deja en total desprotección e incertidumbre a las mujeres con obra social. Tratamientos de fertilidad, atención de embarazos y partos, consultas por cáncer de mama, trastornos, asesoramiento sobre prevención de enfermedades y educación sexual. Desamparados en el sector privado.
Mariana (39) embarazada «la situación me quita el sueño. Tengo OSDE, el problema no es de ahora, empezó hace varios meses atrás. Pagamos una fortuna de obra social, y el corte con ginecólogos está desde hace mucho. Hasta el momento siempre me reintegraron todo. Pero no sé que va a suceder a partir de diciembre, y cuando pase una factura de más de 100 mil pesos por el parto. Por lo pronto nos arruinaron las vacaciones y la angustia es indescriptible.»
No sólo es un problema para las mujeres en general, también lo es para el sistema de Salud Pública que ya está dando muestra de saturación en los servicios de ginecología y obstetricia. Y lo tendrá aún más a partir de diciembre.
María (35) se atiende en el Hospital Lucio Molas, uno de los hospitales públicos de Santa Rosa. Esta semana fue a pedir un turno, le dieron uno con mucho retraso. Está con estudios, tiene antecedentes de intervenciones quirúrgicas ginecológicas y necesita ser atendida pronto. No tiene otra opción. Si bien es empleada, y recibe aportes, su obra social (OSPLAD) cortó con todos los profesionales de la salud hace ya casi dos años.
Consultados diversos estudios jurídicos, con experiencia en materia del derecho a la salud, informan a #LPN que la acción de amparo es una herramienta posible que ofrece el sistema jurídico para enfrentar estas situaciones donde se vulneran derechos constitucionales y convencionales de las mujeres, de los niños, del niño por nacer y de sus familias.
Las mujeres, las más perjudicadas.
