Los últimos femicidios en la provincia de La Pampa a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad pusieron en la lupa la deuda judicial al mediar los casos de violencia de género. Los casos que marcaron el fin de las protestas feministas pacíficas, la exposición de la víctima que denuncia, la seguridad que sin perspectiva de género es insegura y la portación de armas de fuego por potenciales femicidas.
Saltar al vacío para salvar tu vida, preferir el desconcierto del impacto contra el suelo a seguir acorralada por un hombre que vocifera tu muerte. Él, antes era parte de la policía pampeana, tiene antecedentes por arrancarle el pelo a su ex pareja y amenazarla con el arma reglamentaria. Sucedió ayer en Santa Rosa: una mujer huyó tirándose por la ventana y éste impulso salvó su vida. Relato crudo, violento y tan real que se volvió repetitivo: En las últimas semanas, conmocionaron a La Pampa 2 femicidios mediados con violencia de género cometidos en menos de 3 días. En estos casos hay una estrecha vinculación pues las armas de fuego que se utilizaron en cada uno pertenecían a distintas fuerzas de seguridad estatales.
En el primer caso, ocurrido el viernes 25 de marzo, el femicida era un policía federal que disparó 3 veces con su arma reglamentaria. El segundo caso fue cometido con un rifle FAL del Ejército, al que el victimario accedió por su cargo de sargento, en las primeras horas del lunes 28. En ambos, no había denuncias previas de las víctimas. Las similitudes en estos fatídicos hechos nos obligan a abordar tres problemáticas: una urgente y real reforma en el sistema judicial y policial con perspectiva de género, la portación de armas de fuego estatales fuera del servicio, la perjudicacion de la mujer que al denunciar entra en un laberinto judicial que las violenta y expone.
El lunes 28 de marzo, distintas núcleas feministas de la provincia se manifestaron en la plaza San Martín y se rompió una larga trayectoria de manifestaciones pacíficas. La indignación vistió de manos rojas -litera, con pintadas- en la sede de la Policía Federal ubicada en la calle Pellegrini.
Este llamado de atención fue el grito colectivo de “¿quién nos cuida de la policía?” porque en Argentina hay un femicidio cada 24 horas y si los femicidas son los mismos que responden los llamados de auxilio ¿a qué puerta golpear?. Un informe del Observatorio de la Organización Mumalá da cuenta de que en Argentina el 38% de los femicidios se comete con el arma reglamentaria y que el 12% de los femicidas son miembros de alguna fuerza de seguridad estatal.
«¿De dónde sacar coraje si la herramienta de amenaza constante es esa misma arma?»
En la provincia, desde la sanción del decreto N° 37 firmado por Sergio Ziliotto en enero de 2021, a 58 efectivos de la Policía de La Pampa se les retiró el arma reglamentaria al ser denunciados por violencia de género. Retirar el arma reglamentaria después de la denuncia, es obligar a la víctima a denunciar pero ¿de dónde sacar coraje si la herramienta de amenaza constante es esa misma arma?
Liliana Robledo, Secretaria de mujeres, género y diversidad plantea que “Hay que profundizar las campañas de prevención y dar respuestas, es ahí donde vamos a lograr mayor confiabilidad y mayor llegada del Estado a las personas que sufren situaciones de violencia.”
Sigue siendo una deuda estatal espacios en donde las víctimas puedan hablar y ser protegidas. Desde que el movimiento Ni Una Menos cobró fuerza, en el 2015, y con todas las leyes e intervenciones que esta presión social conllevó, aún vemos titulares de feminicidios con denuncias previas.
A lo largo de las luchas, y con cada marcha feminista, que es en parte luto y en parte denuncia, se han ido gestando espacios de contención y referencia donde las mujeres han podido generar más conciencia y agruparse en su propia defensa. Pero no es suficiente, es necesario dejar de cargar todo el peso de la denuncia, ya sea penal o social, a las mujeres y seguir sosteniendo la exigencia de un cambio en las estructuras de la Justicia.
Las pintadas no son por meras ganas, mucho menos los cortes de calles, ni las búsquedas de espacios en los medios de comunicación para hacer oír los reclamos, cada accionar viene a costa de la lucha, que hace años marca el ritmo de la ola que exige un urgente cambio en los sistemas estructurales que intervienen en la cotidianeidad de la ciudadanía, desde formales hasta el arraigado inconsciente colectivo, aquellas bases socio-culturales que rigen nuestro accionar.
Estas tragedias nos enseñan que los femicidas están en todos lados, por tanto, es necesario dejar de reproducir un sistema violento y abordar el cambio desde puntos de acción viables y reales. Especialmente, de aquellos que tienen la obligación de responder ante un genocidio silencioso. Si no nos apuramos, seguiremos marchando, vestidas de luto y llenas de rabia.
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