La Pampa 2025
El 7 de mayo de 2025, el Senado de la Nación tuvo la oportunidad histórica de dar un paso concreto hacia la honestidad en la función pública, pero decidió dejarla pasar. Por un solo voto —36 a favor, 35 en contra— fue rechazado el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia pudieran postularse a cargos electivos o ejercer funciones de gestión en el Estado nacional.
Como abogada y como ciudadana, no puedo dejar de expresar mi preocupación ante este resultado. ¿Qué mensaje nos están dando nuestros representantes? ¿Qué lógica institucional permite que alguien condenado por delitos como cohecho, malversación o enriquecimiento ilícito —fallos revisados
y confirmados en doble instancia— pueda seguir aspirando a conducir los destinos del país? Es tan absurdo como dejar que un zorro vuelva a custodiar el gallinero que ya ha atacado.
Una condena judicial firme en segunda instancia no es una suposición ni una denuncia inventada: es el producto de un proceso legal con garantías, donde los jueces valoraron pruebas y argumentos para llegar a una conclusión inequívoca y definitiva. Esa persona no solo violó la ley: traicionó el pacto de
confianza que implica ejercer la función pública. Esa confianza no puede restituirse con impunidad ni con retórica.
Tampoco se trata de venganza. Se trata de honestidad, de integridad, de sentido común. Si alguien ya fue condenado por robarle al Estado, ¿por qué deberíamos permitirle volver a administrar los recursos que son de todos?
La cosa pública —la res publica— es la esencia misma del sistema democrático: los impuestos que cada argentino paga, las rutas que transitamos, los hospitales que nos atienden, las escuelas en donde se forman nuestros hijos. No se trata de “dinero del Estado”, se trata del esfuerzo de millones. La corrupción
no es un simple desvío de fondos: es un robo directo al futuro de todos.
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El rechazo de esta ley, entonces, no solo es una falla política; es una señal institucional de permisividad y desinterés por la calidad democrática. Es también una llamada de atención. Porque en democracia la decepción no puede convertirse en resignación. Este traspié legislativo puede y debe convertirse en el punto de partida de una ciudadanía más despierta, más exigente y más comprometida.
En Brasil, una ley de Ficha Limpia impulsada por la sociedad civil transformó el sistema electoral y obligó a la política a mirarse al espejo. En Argentina, provincias como Mendoza y Neuquén ya implementan mecanismos similares.
¿Por qué a nivel nacional no podemos? ¿Qué intereses se interponen entre la voluntad popular y las decisiones del Congreso?
Las leyes son —o deberían ser— la expresión de los valores de una sociedad. Si queremos construir un país donde la honestidad no sea un privilegio sino un requisito mínimo para representar a otros, debemos reclamarlo con fuerza y claridad.
Cada voto cuenta, cada ausencia también. Y cada silencio ciudadano habilita decisiones como ésta.
A nuestros legisladores nacionales les digo con respeto, pero sin concesiones: no fueron elegidos para proteger privilegios, están para honrar la confianza que el pueblo argentino depositó en ustedes.
Argentina merece representantes con las manos limpias y la conciencia tranquila; pero parece
que, al menos por ahora, es mucho pedir.
María Victoria Rambur. Abogada. Docente en FCEyJ – UNLPam. Diplomada en Economía, Consumidores y Litigación Civil mvictoriarambur@gmail.com
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