CABI: recaudar y modernizar sí, pero sin perseguir a los contribuyentes

En La Pampa, nadie discute que el Estado tenga que controlar y recaudar. Los impuestos sostienen servicios, obras y políticas públicas. Lo que sí se discute —y con razón— es cómo se controla.

El Control Automático de Bases Imponibles (CABI), dispuesto por la Dirección General de Rentas mediante la Resolución General 20/2025, se presenta como una herramienta de modernización: cruza lo declarado en Ingresos Brutos con datos que el propio Estado ya tiene y “determina automáticamente la consistencia” de las bases imponibles. La intención puede ser válida.

El problema es el diseño y sus efectos: cuando un sistema automático se vuelve opaco, presuntivo y sancionatorio, deja de ser modernización y pasa a ser un mecanismo de sospecha permanente sobre quienes producen, comercian y trabajan.

Los informes técnicos y el análisis de la Mesa de Economía de Fundación Pensar La Pampa señalan inconsistencias que explican por qué tantos contribuyentes están atrapados en una situación injusta. El CABI compara bases imponibles con retenciones, percepciones y acreditaciones bancarias sin contemplar bien los desfasajes temporales entre facturación y cobro, operaciones con tarjeta o plazos de pago de organismos públicos.

También genera “falsos positivos” cuando, por ejemplo, contrasta una base imponible neta de IVA con acreditaciones bancarias que incluyen IVA. Y suma un componente delicado: utiliza coeficientes y ponderadores sin transparencia metodológica suficiente, incluso construidos con información de grandes contribuyentes o realidades económicas que no necesariamente reflejan la de La Pampa.

A esto se agrega algo que cualquier pampeano entiende: si el sistema te exige explicar diferencias que no generaste, te pone en el lugar de culpable aunque hayas declarado y pagado correctamente.

El impacto no es abstracto: es la vida diaria del comercio, de la PyME, del profesional y del productor. Hay casos donde se bloquea la posibilidad de obtener certificados fiscales, se traban compensaciones, se complica participar en licitaciones, y en el sector agropecuario aparecen urgencias concretas: guías, cartas de porte, certificados.

Además, el circuito actual agrega tiempos que no son razonables para quien necesita operar: se menciona un plazo de 15 días para resolver diferencias, cuando muchas veces la actividad no puede esperar. En la práctica, se transforma en una “trampa”: o el contribuyente corrige su declaración para acomodarse a la presunción del sistema, o queda paralizado para seguir trabajando. Eso no es control inteligente. Eso es castigo al que está en regla. Y cuando el que está en regla se asfixia, lo que se cae no es solo un contribuyente: se cae empleo, inversión y futuro.

Por eso, mi posición es clara: control sí, asfixia no. No se trata de “pagar o no pagar”. Se trata de que el Estado no puede modernizarse contra el contribuyente. Una provincia que quiere crecer necesita reglas claras, transparencia y debido proceso. 

Lo que corresponde hacer es, primero, suspender de manera inmediata los efectos sancionatorios automáticos del CABI mientras se revisa su funcionamiento. También es necesario revisar integralmente la RG 20/2025 y los coeficientes presuntivos, con metodología pública, trazabilidad de cálculos y auditoría externa.

Además, deben establecerse procedimientos rápidos de revisión y defensa, con plazos compatibles con la economía real. Y resulta indispensable abrir una mesa técnica e institucional amplia con entidades profesionales, cámaras empresarias y sectores productivos para corregir lo que está mal y avanzar hacia una modernización tributaria razonable.

Si además queremos discutir seriamente el equilibrio entre el poder fiscal y el contribuyente, La Pampa necesita mecanismos de revisión realmente independientes y especializados.

La Pampa puede y debe ser una provincia que funcione mejor. Que produzca más. Que genere oportunidades para que los jóvenes se queden. Para eso, el Estado tiene que acompañar, no trabar.

Menos incertidumbre. Más previsibilidad. Menos trámites inútiles. Más trabajo. Ese es el rumbo.

Victoria Huala, senadora nacional por La Pampa (PRO) desapchohuala@gmail.com

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