La Pampa 2026
El desarrollo de la periferia de Santa Rosa vuelve a estar en el centro de la escena política y ambiental. El Colegio de Arquitectos de La Pampa (CALP) elevó un Informe Técnico de Evaluación Urbanística al Honorable Concejo Deliberante de la capital pampeana. En el documento, fechado el 17 de junio de 2026, la entidad analiza el proyecto impulsado por el Fideicomiso Santa Rosa Rugby y enciende alarmas explícitas sobre el impacto ambiental, la infraestructura sanitaria y la cesión de tierras públicas.
El CALP que «se pone a disposición como órgano de consulta y asesoramiento técnico» y aclara también que pretende aportar variables de análisis técnico, urbanístico y ambiental indispensables para que el Poder Legislativo local cuente con las herramientas necesarias para «tomar una decisión sólida, sustentable y de largo plazo» y no un posicionamiento político a favor o en contra del proyecto.
Nuevo distrito: R5 V
El proyecto pretende recategorizar una parcela de 34 hectáreas (346.000 m2) y 62 áreas (identificada como Ejido 047, Sección II, Fracción D, Lote 13, Parcela 188). Actualmente, este predio forma parte del Área de Urbanización Futura (AUF) 9b, un sector rururbano de baja intensidad. La intención del fideicomiso es lograr la incorporación de esta fracción a un Área de Urbanización Prioritaria (AUP) a través de un «Plan Parcial», creando un nuevo distrito residencial denominado «R5 V».
El acuífero Anguil – Santa Rosa: un entorno de extrema sensibilidad
El principal foco de conflicto técnico radica en el emplazamiento del proyecto. Las tierras se encuentran directamente sobre la zona de implicancia y recarga del Acuífero subterráneo Anguil – Santa Rosa, un recurso estratégico vital que subordina cualquier avance inmobiliario a leyes de protección ambiental provinciales y resoluciones de la Secretaría de Recursos Hídricos.
El CALP desglosó la problemática en tres puntos críticos de infraestructura:
- Restricción absoluta de agua para riego: El Código Urbano Ambiental (CUA) prohíbe la extracción de agua subterránea para riego en este sector. Aunque el proyecto prevé conectarse a un acueducto de alivio sobre la calle Niotti, el Colegio exige que la prohibición de perforaciones individuales quede explícitamente asentada por reglamento, obligando a usar aguas grises o lluvia para el riego.
- Peligroso cruce entre cloacas y alta tensión: Para tratar los efluentes, los desarrolladores proponen una Planta Compacta de Tratamiento Cloacal (P.C.T.) en el sector más bajo del predio. Sin embargo, el informe advierte que esta ubicación entra en conflicto espacial directo con la traza de la Línea de Alta Tensión (L.A.T.) de 132 kV. Para el CALP, la convivencia de riesgo eléctrico de alta tensión con la infraestructura sanitaria representa una limitante severa para la operatividad y mantenimiento de la planta.PDF+ 2
- Gestión pluvial sin estudios clave: Si bien los indicadores morfológicos de ocupación propuestos —Factor de Ocupación del Suelo (FOS) de 0,35 y Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) de 0,60— son técnicamente correctos para permitir la permeabilidad del suelo, el organismo advierte que el proyecto carece del «Estudio Hidrológico e Hidráulico Detallado» que exige la normativa para subdivisiones fuera del límite urbano.
La postura del CALP: «La factibilidad de este proyecto no puede basarse en promesas». El Colegio exige que toda la infraestructura (red de agua, cloacas, planta de tratamiento y sistema pluvial) esté completamente construida y cedida al municipio antes de autorizar la comercialización masiva de los lotes, evitando transferir un «pasivo ambiental y sanitario incalculable» a la ciudad.
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Cesión de suelo y espacio público: el punto más polémico
Según el CALP el punto más controversial del expediente radica en cómo el fideicomiso pretende cumplir con las cargas públicas. El Código Urbano Ambiental exige que, para dimensiones de esta escala, la cesión de tierras para el Estado ronde entre el 15% y el 30%. El proyecto presentado no cumpliría con esto.
Según el anteproyecto destinarán 2,55 ha (7,35%) a espacios verdes públicos y solicita que que las 11,12 ha (32,12%) pertenecientes al club de rugby (de dominio privado) sean computadas como «Equipamiento» para superar el umbral del 30%.
El Colegio afirman que computar un club de acceso restringido y dominio privado como equipamiento comunitario «desvirtúa la esencia del espacio público». Además, advierten con suma preocupación que convalidar esta flexibilización sentaría un peligroso precedente, convirtiéndose en el «puntapié inicial para establecer una nueva modalidad de urbanización especulativa». Y además fomenta una «privatización encubierta del crecimiento urbano».
Contra el modelo de «ciudad dispersa»
Por último, el informe técnico pone en debate el crecimiento desmedido de las Áreas de Urbanización Futura (AUF). Para el CALP, abrir estos terrenos al mercado inmobiliario de forma prematura genera expectativas especulativas antes de que la demanda demográfica real lo justifique.
Los arquitectos recordaron que el CUA establece un Criterio de Compacidad, el cual exige que las áreas urbanas colindantes tengan más del 70% de consolidación antes de habilitar nuevos suelos. Habilitar este loteo de forma fragmentada atenta contra dicho criterio y genera enormes «costos ocultos» para el Municipio, que deberá asumir a perpetuidad los millonarios gastos logísticos de llevar recolección de residuos, transporte, alumbrado, barrido y seguridad a una periferia cada vez más alejada.
En su conclusión final, el Colegio de Arquitectos solicitó formalmente al Concejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal que ejerzan un rol rector, priorizando «la habitabilidad real, el resguardo ambiental y el interés colectivo muy por encima de las concesiones y flexibilidades normativas« y también se puso a dispoción para ampliar sus argumentos.
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