La Pampa 2025
La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, que el 29 de mayo de 2025 declaró la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, constituye un hito que trasciende el ámbito procesal.
No se trata de un mero revés técnico, sino de una señal inequívoca de que la Justicia, cuando se ve comprometida por conductas inaceptables, debe actuar con firmeza para preservar su legitimidad.
Esta resolución nos da la oportunidad de reflexionar sobre los estándares que deben regir a quienes administran el derecho en nuestro país.
El proceso, iniciado el 11 de marzo de este año, buscaba esclarecer si siete profesionales de la salud —entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov— incurrieron en responsabilidad penal por el fallecimiento de Maradona, una figura que no solo marcó la historia del fútbol, sino también la identidad cultural de la Argentina.
Lamentablemente, la tramitación se vio defraudada por la falta de conducta de la jueza Julieta Makintach, quien permitió la grabación de las audiencias para un documental titulado Justicia Divina y, peor aún, participó activamente en él, ofreciendo entrevistas y exponiéndose ante las cámaras.
Tal comportamiento no solo contraviene la prohibición de grabar sin autorización en audiencias orales, sino que representa una violación flagrante del principio de imparcialidad, pilar fundamental de cualquier sistema judicial. Un juez no es un actor ni un comentarista; su autoridad radica en su capacidad de actuar con neutralidad y profesionalismo.
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Ante esta situación, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso resolvieron, con acierto, declarar la nulidad del juicio.
Para el lector, que busca comprender las implicancias de esta medida, es importante aclarar que la nulidad implica la invalidación de todo lo actuado: audiencias, declaraciones y pruebas quedan sin efecto. El proceso deberá reiniciarse desde cero, con un nuevo tribunal que asuma la tarea de conducir un juicio de tamaña relevancia.
Si bien esta decisión genera frustración, especialmente para la familia de Maradona y para una sociedad que aguarda respuestas, es la única vía para garantizar legitimidad en el resultado final.
La jueza Makintach, apartada de sus funciones, enfrentará una investigación por parte de la Suprema Corte bonaerense, un paso necesario para restablecer la confianza en las instituciones.
Este episodio, sin embargo, trasciende el caso particular y plantea una reflexión más profunda: la investidura de juez exige no solo conocimientos técnicos, sino una ética inquebrantable y un compromiso absoluto con el servicio público.
Conductas que prioricen la notoriedad personal sobre la búsqueda de la verdad son incompatibles con esa responsabilidad. Lo que sigue está lejos de ser una tarea fácil. Un nuevo tribunal deberá avocarse al caso, convocar nuevamente a los testigos y revisar las pruebas forenses, en un proceso que demandará más tiempo y recursos.
La nulidad demuestra que el sistema judicial cuenta con mecanismos para corregir sus propios desvíos.
María Victoria Rambur Abogada. Docente en FCEyJ – UNLPam. Diplomada en Economía, Consumidores y Litigación Civil mvictoriarambur@gmail.com
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