A veces damos por sentados nuestros derechos. Pero lo que hoy es normal, antes fue impensado. A lo largo de la historia, las mujeres han debido luchar para obtener derechos civiles y políticos que hoy parecen incuestionables.
Durante siglos, las mujeres fueron consideradas ciudadanas de segunda categoría, sin posibilidad de decidir sobre su propio destino. No podían votar, ser elegidas para cargos públicos, ni administrar sus bienes. Su acceso a la educación superior y al trabajo remunerado fuera del hogar era restringido o
directamente prohibido.
El camino de búsqueda hacia la igualdad comenzó a trazarse con la llegada de la Revolución Industrial, cuando muchas mujeres debieron abandonar sus hogares para trabajar en fábricas. No fue un paso dado desde la libertad, sino desde la necesidad. A pesar de recibir sueldos míseros y ser tratadas casi como incapaces, ese fue el primer gran paso en la conquista del espacio público.
El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, un grupo de obreras organizó una protesta para mejorar sus condiciones laborales. Fueron brutalmente reprimidas. Décadas más tarde, en 1908, quince mil trabajadoras marcharon exigiendo mejores condiciones de vida y aumento salarial. La historia de las mujeres siempre estuvo teñida de lucha.
En Argentina, el reconocimiento de los derechos políticos fue un proceso lento. La Constitución de 1853 reconocía el derecho al voto solo a los varones (y no a todos tampoco). En 1927, San Juan se convirtió en la primera provincia en reconocer el sufragio femenino, aunque su ejemplo no se replicó de
inmediato.
Fue la incansable lucha de las feministas sufragistas la que permitió que el debate se instalara en la agenda pública. Desde Alicia Moreau de Justo hasta Julieta Lanteri, muchas mujeres enfrentaron burlas, obstáculos y exclusiones, pero persistieron.
Finalmente, en 1947, bajo el impulso de Eva Duarte de Perón y gracias a décadas de lucha feminista, se sancionó la Ley 13.010 que otorgó a las mujeres el derecho al voto.
En 1951, por primera vez, las mujeres argentinas acudieron a las urnas, y 24 diputadas y 9 senadoras fueron electas.
Pero la exclusión de la mujer de los espacios de decisión política persistió, lo que llevó a la sanción de la Ley de Cupo en 1991, garantizando un mínimo de 30% de representación femenina en las listas electorales.
En 2017, la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política avanzó aún más,
estableciendo que las listas de candidatos debían incluir un 50% de mujeres.
En el ámbito civil, la mujer también debió batallar contra la legislación que la consideraba incapaz de administrar sus propios bienes o ejercer ciertas profesiones. Antes de la sanción del Código Civil en 1869, la mujer casada no podía ejercer ninguna actividad sin el permiso de su marido.
La Ley 11.357, sancionada en 1926, marcó un hito al reconocer la capacidad jurídica de la
mujer soltera y viuda, y ciertos derechos para la mujer casada. Sin embargo, la plena capacidad civil solo llegó con la reforma de 1968 y la sanción de la Ley 17.711, que eliminó la figura del marido como «representante legal» de la esposa, otorgándole el derecho de administrar sus propios bienes y compartir la toma de decisiones dentro del matrimonio. Fue un avance fundamental en la
autonomía femenina.

El avance de los derechos de las mujeres no se detuvo allí. En 1987, la Ley de Divorcio Vincular N°23.515 permitió la disolución legal del matrimonio, y en 1994, la reforma constitucional incorporó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), asegurando un compromiso estatal con la igualdad de género.
Las luchas también incluyeron el reconocimiento de derechos en materia de diversidad y autonomía. La Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012) fueron avances fundamentales para romper con el modelo binario y heterosexual de familia.
En 2020, la legalización del aborto con la Ley 27.610 garantizó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Parece que los derechos que hoy tenemos han estado siempre allí, pero nó. Veamos:
❖ Hace 136 años que las mujeres pueden estudiar en la universidad en Argentina (desde 1888, cuando se graduó la primera médica argentina, Cecilia Grierson).
❖ Hace 98 años que las mujeres podemos administrar nuestras herencias y bienes sin autorización marital (desde 1926).
❖ Hace 98 años que podemos ejercer libremente una profesión sin necesidad de permiso de un hombre (desde 1926).
❖ Hace 77 años que las mujeres argentinas podemos votar y ser elegidas para cargos públicos (desde 1947).
❖ Hace 56 años que la mujer casada dejó de ser representada legalmente por su marido y obtuvo plena capacidad civil (desde 1968, con la Ley
17.711).
❖ Hace 39 años que las mujeres tienen plena igualdad en la patria potestad de sus hijos (desde 1985).
❖ Hace 37 años que las mujeres pueden divorciarse legalmente en Argentina (desde 1987, con la Ley de Divorcio Vincular).
❖ Hace 16 años que la edad mínima para casarse es la misma para hombres y mujeres (desde 2008, con la Ley 26.449).
❖ Hace 15 años que contamos con una ley integral para prevenir y erradicar la violencia de género (desde 2009, con la Ley 26.485).
❖ Hace 14 años que las mujeres pueden casarse con personas de su mismo sexo (desde 2010, con la Ley de Matrimonio Igualitario).
❖ Hace 4 años que el aborto es legal en Argentina hasta la semana 14 de gestación (desde 2020, con la Ley 27.610).
La historia demuestra que los derechos nunca son regalos, sino conquistas. Mirar hacia atrás no es solo un ejercicio de memoria, sino un compromiso con el futuro. Para que las generaciones venideras no tengan que pelear por lo que ya nos pertenece, sino para seguir avanzando. Porque la igualdad no es un destino, sino un camino que aún seguimos transitando.
María Victoria Rambur. Abogada. Docente en FCEyJ – UNLPam. Diplomada en Economía, Consumidores y Litigación Civil mvictoriarambur@gmail.com
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